A días de haberse celebrado la apertura oficial de la Cumbre del Clima o la 26a Conferencia de las Partes (COP26) - Convención Climática de las Naciones Unidas, Glasgow, Escocia; con un mensaje del Secretario General, Antonio Gutérres, mas que elocuente: “Estamos cavando nuestra propia tumba”, “Los seis años que han transcurrido desde el Acuerdo de París sobre el Clima, han sido los años más calurosos registrados. Nuestra adicción a los combustibles fósiles está empujando a la humanidad hacia el abismo”, “Tenemos por delante una difícil decisión: o acabamos con ella o ella acaba con nosotros”.

Con este panorama y antes de conocer las conclusiones de este nuevo encuentro, vale la pena hacer una rápida mención sobre los acuerdos internacionales que giran en torno a la problemática global, poniendo especial atención a la normativa argentina que se ha producido en torno al tema para luego intentar ubicarnos como prestadores en este escenario.

De esta manera, es importante destacar  (sin mencionar los compromisos internacionales y locales relacionados con el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono) que el Protocolo de Kioto se ha configurado como el primer avance importante hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción  y estabilización de las emisiones de GEI (aprobado en diciembre de 1997 y vigente a partir de 2005). 

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2015, con motivo de la COP 21 de París, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  establecieron un nuevo pacto de importantes características en la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de acelerar e intensificar las acciones e inversiones destinadas a disminuir las emisiones de carbono. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016.

En esta línea de acción global, nuestro país dio claras señales de su compromiso a través de la sanción de leyes que recepcionaron los instrumentos internacionales mencionados para incorporarlos a su legislación interna, por caso, Ley Nº 24295, aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (B.O. 24/01/1994), Ley Nº 25.438, aprueba el protocolo de Kioto (B.O. 19/07/2001), Ley Nº 27270, aprueba el Acuerdo de París (B.O. 19/09/2016). 

A su turno, la Ley Nº 27.520, (Dto. Reglamentario Nº 1030/20) estableció los presupuestos mínimos para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional en los términos del artículo 41 de nuestra Carta Magna. (“Art. 41 …Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales…”).

Es importante también mencionar, entre las disposiciones de esta última norma, la creación del Gabinete Nacional para el Cambio Climático, las disposiciones sobre elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y medidas tales como, gestionar el patrimonio hídrico con un enfoque integral para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales frente a los impactos de este fenómeno.

Ahora bien, y haciendo foco en los efectos del cambio climático, tal como lo ha venido expresando la comunidad científica a través de sus reportes (reportes del IPCC) en numerosas oportunidades, lo que hace que el cambio climático sea tan desastroso para la humanidad, es su relación con el agua.

Si,  su relación con el agua, al comprometer su calidad, disponibilidad y ciclos.  

El aumento de la temperatura global, de acuerdo a lo informado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, altera el comportamiento de los océanos y los ciclos del agua. En el último decenio, más del 90% de los grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos.

Asimismo, el informe de políticas de ONU-AGUA sobre el Cambio Climático y el Agua de la organización UnWater, estima que por cada grado de calentamiento global, aproximadamente un 7% de la población mundial estará expuesta a una disminución de al menos 20% de los recursos hídricos renovables, previendo impactos diferenciados, desiguales por tipo de región, ya que mientras algunas regiones atraviesan períodos extraordinarios de sequía, otras sufren crecidas y tormentas cada vez más severas y frecuentes, y otras se enfrentan con ambos extremos, sumado a los peligros de las crecidas sobre las comunidades costeras.

Frente a este panorama, los prestadores de los servicios de agua y saneamiento nos enfrentamos con nuevos desafíos para resolver. Solo para mencionar algunos ejemplos, actualmente estamos soportando las consecuencias del fenómeno hídrico de la bajante del Río Paraná, cuyo detalle no se incluye en el presente en honor a la brevedad. Otros desafíos pueden referirse al uso de instalaciones de mayor eficiencia energética, reducción de pérdidas de agua, la generación de biogás, la reutilización de aguas residuales tratadas, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, etc, etc.

Sin lugar a dudas, la educación, investigación, capacitación, la búsqueda y desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas, el acceso al financiamiento, la cooperación entre empresas a nivel local e internacional, la protección de los trabajadores y usuarios, el desarrollo de políticas que privilegien prestaciones esenciales con calidad, regularidad y universalidad, la protección del ambiente, la inclusión, son las claves para lograr la sustentabilidad de las prestaciones.

Abordar el calentamiento global requiere de un cambio drástico en la manera de relacionarnos con el entorno, como alguna vez lo expresara la primer Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, Lic. Yolanda Ortíz (1973): “Es necesaria y urgente una revolución mental. Hay que buscar nuevos modelos de producción y consumo y mejorar las relaciones de la sociedad con la naturaleza”.

Con la esperanza puesta en este nuevo encuentro internacional, siguiendo de cerca las conclusiones de ONU y los compromisos asumidos por los Jefes de Estado.

Dra. Marcela A. Ferreyra